2.1 Competencias a Nivel Nacional y Autonómico



La Constitución Española no solo intercede generalmente a favor de la libertad de creación (art.20,1b CE), sino constata también de manera más concreta: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.” (art. 44 CE). En el Artículo 148.1.17ª el ámbito de la cultura se adscribe a las competencias de las Comunidades Autónomas. Dice:
"Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: [...] El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma". Sin embargo, en el Artículo 149, 2 CE se declara: "Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas".

Por lo tanto, como lo formula Jesús Prieto de Pedro, la cultura y su fomento “responden al criterio de la dualidad o concurrencia competencial” (El Derecho de la Cultura, p. 272), es decir que todas las entidades públicas de cualquier nivel deberían responsablilizarse de ello. Lo que puede parecer una repartición confusa de competencias, en realidad sobre todo quiere poner de relieve “el deber [de cada instancia] de poner prioritariamente en valor la expresión cultural de su comunidad de referencia” (ob.cit., p.273).

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, en la que está ubicada la entidad tratada, el traspaso de competencias en cultura del Estado a la Comunidad está determinado en el Real Decreto 680/1985, de 19 de abril, en el que “se transfieren funciones del Estado en materia de cultura a la Comunidad de Madrid y se le traspasan los correspondientes servicios e instituciones y medios personales, materiales y presupuestos precisos para el ejercicio de aquellas”.
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En el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en cambio, se ceden estas mismas competencias a los municipios. Así, el Artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio dice:
La Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en municipios, que gozan de plena personalidad jurídica y autonomía para la gestión de los intereses que le son propios”;

y el Art. 38:
La Administración de la Comunidad de Madrid desarrollará su actuación a través de los órganos, organismos y entidades dependientes del Gobierno que se establezcan, pudiendo delegar dichas funciones en los municipios y demás entidades locales reconocidas en este Estatuto si así lo autoriza una ley de la Asamblea, que fijará las oportunas formas de control y coordinación”.

Por lo tanto, se llega a la conclusión que Medialab-Prado es parte de las actividades que realiza el Ayuntamiento de Madrid para fomentar la cultura, siendo el Ayuntamiento de Madrid un Municipio de la Comunidad de Madrid, la cual defiende tal fin dentro de sus estatutos.


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2.2 Medialab-Prado como programa del Área de Gobierno de las Artes


Dentro de la estructura administrativa y organizativa del Ayuntamiento de Madrid, Medialab-Prado junto con Intermediae son programas del Área de Gobierno de las Artes. Como reafirmó José Miguel Medrano, el coordinador general de Medialab-Prado, en una entrevista con Cultulab, eso significa que no poseen forma jurídica propia.

Veamos el organigrama del Ayuntamiento de Madrid:


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Organigrama general del Ayuntamiento de Madrid





























El Área de Gobierno de las Artes es uno de siete áreas dependiendo de la alcaldía, con la delegada titular Dª Alicia Moreno Espert (BOAM nº 6452). En el “Acuerdo de 20 de julio de 2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Las Artes y se delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos” (BOAM nº 6480) se constata: “El Área de Gobierno de Las Artes constituye uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid a la que corresponden las competencias ejecutivas en materia de archivos, bibliotecas, museos y colecciones, patrimonio histórico, proyectos culturales, promoción cultural, monumentos municipales y dirección y promoción de la calidad del paisaje urbano”. En este mismo acuerdo también se determina la estructura organizativa del área.


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Organigrama del Área de Gobierno de las Artes































Medialab-Prado depende de la Coordinación General de Cultura y Ciudad, dentro de la cual corresponde al Departamento de Proyectos Culturales, perteneciente a su vez a la Subdirección General de Proyectos Culturales.


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2.3 Gestión de MACSA, sociedad mercantil municipal


Como también se concretará en la parte de la gestión empresarial y económica, el Ayuntamiento de Madrid cedió la gestión de los servicios de Medialab-Prado a una empresa gestora. Actualmente, desde el 1.1.2011, esa empresa es Madrid Arte y Cultura S.A. (MACSA). Se van a presentar también las razones por encomendar la gestión a una empresa municipal y ya no a una empresa privada. Aquí en adelante Cultulab analizará solamente las bases jurídicas de esa encomienda.

El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid nùmero 6338 publica el 28.12.2010 en el “Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2010” el siguiente acuerdo:
Acuerdo-Medialab_a_MACSA.jpg
BOAM núm. 6.338, p.39

También en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid de 2011, en la memoria del presupuesto de MACSA aparece esa información: “ Como novedad, está previsto que MACSA lleve a cabo la gestión organización y desarrollo de las actividades de “Medialab-Prado e Intermediae”, así como, la puesta en marcha del Centro de Interpretación de la Ciudad en el Palacio de Cibeles". (p.345)



El hecho de ceder la gestión de un programa perteneciente a la administración pública va acorde con nuevas tendencias que se pueden observar dentro del derecho administrativo: tanto una descentralización funcional (que, además, también se ve en la repartición de las competencias en el ámbito de la cultura entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios) y la gestión indirecta, es decir el contratar otra empresa. Como constata Carlos Padros Reig, profesor de derecho administrativo en la Universidad de Barcelona, en su texto Un nuevo modelo de Administración Pública cultural, "uno de los retos del Derecho administrativo de la cultura es la transformación de los instrumentos de intervención de modo que el Derecho administrativo proteja los mecanismos que han de permitir la libre creación cultural sin someter la misma a las influencias políticas. […] La intervención cultural, más que centrarse en la producción u ordenación de las manifestaciones culturales, debe crear un tejido institucional/empresarial que permita su desarrollo”. Jesús Prieto de Pedro en El Derecho de la Cultura además concluye que se deberían ofrecer, desde la organización, soluciones que garanticen la autonomía de la cultura y eviten el dirigismo cultural” (p.286). Por lo tanto, la cesión de la gestión de Medialab-Prado a una empresa se puede interpretar como el intento de garantizarle la mayor atención y libertad de actuación posible, aunque para el centro muchas veces sería mejor tener una forma jurídica propia y poder gestionarse a su manera.

Enseguida habrá que analizar más en profundidad las características y el funcionamiento de la empresa gestora, MACSA.

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En un documento llamado INSTRUCCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LAS QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE MACSA, (que la empresa publica en su página web), se encuentran las siguientes informaciones:

“MACSA queda definida como Poder Adjudicador por tener personalidad jurídica propia, haberse creada para satisfacer necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil, y estar financiada su actividad y controlada su gestión y nombrados los miembros de su Consejo de Administración por una Administración Pública que es, además, Poder Adjudicador, como el Ayuntamiento de Madrid”. (p.3)

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Instrucciones de obligado cumplimiento en las que se regulan los procedimientos de contratación de MACSA, p.6

MACSA, por resumirlo, es una empresa del sector público. Como no es parte de la administración pública, pero sí cumple funciones de interés general, se considera un “poder adjudicador”. Sus gestiones se rigen por derecho privado, aunque también por condiciones fiscales especiales, así por ejemplo el IVA no se incluye en sus actividades contractuales. Este tratamiento se podría considerar parte del fenómeno de “la huida del Derecho Administrativo”, como también lo cita Víctor Almonacid Lamelas en Delimitación del concepto "poder adjudicador" a los efectos de la LCSP, aunque esta discusión no se va a profundizar en este ámbito.

MACSA se creó en otoño del año 2004. Dicha resolución fue publicada en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 5623, el 28 de octubre de 2004.

Constitución_MACSA.jpg
BOAM núm. 5.623, p.3706


En este mismo BOAM se publican también los Estatutos de la Sociedad mercantil:


Analizando este documento ha de destacar una vez más la forma jurídica de MACSA: Es una sociedad mercantil municipal con la forma de sociedad anónima que se rige por ordenamiento jurídico privado. El Ayuntamiendo de Madrid es el titular de todas las acciones, como también la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asume las funciones de la Junta General de la Sociedad. La parte de su objeto social que coincide con la gestión de Medialab-Prado es el punto d. : “La organización, gestión y desarrollo de programas culturales, que el Ayuntamiento de Madrid le encomiende en el ámbito de sus competencias.” (p.3707)
Para la entidad misma, el hecho de ser gestionado por MACSA – si se acepta la condición de no tener forma jurídica propia – le conviene, en el sentido de que la empresa municipal no le va a limitar ni dictar sus actividades, porque no tiene interés propio. Respecto a las condiciones de trabajo Cultulab no pudo averiguar informaciones detalladas, solamente que ahora todo el personal de Medialab-Prado está contratado por MACSA (mientras antés había mínimo una persona del Ayuntamiento).


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También en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid de 2011, en la memoria del presupuesto de MACSA aparece esa información: “ Como novedad, está previsto que MACSA lleve a cabo la gestión organización y desarrollo de las actividades de “Medialab-Prado e Intermediae”, así como, la puesta en marcha del Centro de Interpretación de la Ciudad en el Palacio de Cibeles". (p.345)
El hecho de ceder la gestión de un programa perteneciente a la administración pública va acorde con nuevas tendencias que se pueden observar dentro del derecho administrativo: tanto una descentralización funcional (que, además, también se ve en la repartición de las competencias en el ámbito de la cultura entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios) y la gestión indirecta, es decir el contratar otra empresa. Como constata Carlos Padros Reig, profesor de derecho administrativo en la Universidad de Barcelona, en su texto Un nuevo modelo de Administración Pública cultural , “uno de los retos del Derecho administrativo de la cultura es la transformación de los instrumentos de intervención de modo que el Derecho administrativo proteja los mecanismos que han de permitir la libre creación cultural sin someter la misma a las influencias políticas. […] La intervención cultural, más que centrarse en la producción u ordenación de las manifestaciones culturales, debe crear un tejido institucional/empresarial que permita su desarrollo”. Jesús Prieto de Pedro en El Derecho de la Cultura además concluye que se deberían “ofrecer, desde la organización, soluciones que garanticen la autonomía de la cultura y eviten el dirigismo cultural” (p.286). Por lo tanto, la cesión de la gestión de Medialab-Prado a una empresa se puede interpretar como el intento de garantizarle la mayor atención y libertad de actuación posible, aunque para el centro naturalmente sería mucho mejor tener una forma jurídica propia y poder gestionarse a su manera.


También en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid de 2011, en la memoria del presupuesto de MACSA aparece esa información: “ Como novedad, está previsto que MACSA lleve a cabo la gestión organización y desarrollo de las actividades de “Medialab-Prado e Intermediae”, así como, la puesta en marcha del Centro de Interpretación de la Ciudad en el Palacio de Cibeles". (p.345)
El hecho de ceder la gestión de un programa perteneciente a la administración pública va acorde con nuevas tendencias que se pueden observar dentro del derecho administrativo: tanto una descentralización funcional (que, además, también se ve en la repartición de las competencias en el ámbito de la cultura entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios) y la gestión indirecta, es decir el contratar otra empresa. Como constata Carlos Padros Reig, profesor de derecho administrativo en la Universidad de Barcelona, en su texto Un nuevo modelo de Administración Pública cultural , “uno de los retos del Derecho administrativo de la cultura es la transformación de los instrumentos de intervención de modo que el Derecho administrativo proteja los mecanismos que han de permitir la libre creación cultural sin someter la misma a las influencias políticas. […] La intervención cultural, más que centrarse en la producción u ordenación de las manifestaciones culturales, debe crear un tejido institucional/empresarial que permita su desarrollo”. Jesús Prieto de Pedro en El Derecho de la Cultura además concluye que se deberían “ofrecer, desde la organización, soluciones que garanticen la autonomía de la cultura y eviten el dirigismo cultural” (p.286). Por lo tanto, la cesión de la gestión de Medialab-Prado a una empresa se puede interpretar como el intento de garantizarle la mayor atención y libertad de actuación posible, aunque para el centro naturalmente sería mucho mejor tener una forma jurídica propia y poder gestionarse a su manera.